Por un lado el sistema de las escuelas, liceos, institutos y universidades, no cuentan con las adecuaciones estructurales ni curriculares para recibir a niños, jóvenes y adultos con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y orgánicas. Por otro lado las Escuelas Especiales que si cuentan con profesionales capacitados, docentes preparados, mallas curriculares adecuados e infraestructura básica, hoy siguen estando en riesgo de desaparecer por falta de recursos.
Se trata de la reformación de la Política de la Educación Especial, de la Modificación a la Ley Nº 19.284 sobre Discapacidad (actual Ley 20.422) y de Proyecto de Ley que Modificó el DFL Nº 2 del año 1998 respecto a Subvenciones a las Escuelas Especiales. En definitiva se planteó el cierre de estas escuelas para desarrollar una política de “inclusión educativa”.
Los padres prevén fiscalizaciones irregulares hechas por el Ministerio de Educación para sacar alumnos que asisten a estos establecimientos para discapacitados, e insertarlos en las escuelas prebásicas o básicas. Decisiones como estas deben ser encaradas con la participación activa de las organizaciones de y para personas con discapacidad y expertos en la materia. De lo contrario representa un abierto acto de
exclusión que reduce los espacios de participación y ahorra recursos estatales.
En Chile faltan políticas públicas adecuadas que apunten efectivamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad. Vemos día a día como miles de niños, mujeres, jóvenes y adultos, no pueden siquiera salir de sus casas por falta de ayudas técnicas, aquellas que debe garantizar el Estado. Un adecuado acceso a la salud y rehabilitación no debe otorgarse como caridad (vía teletones), sino como
Derecho Humano que debe garantizar el Estado y el gobierno de Chile.
El acceso a la Educación es un Derecho Humano que actualmente los jóvenes estudiantes de Chile, sus padres, madres y hermanos exigen al Estado y a la economía chilena. Chile es un país rico en recursos, el único que no tiene deuda externa en América Latina y nosotros, los ciudadanos, ya estamos pagando nuestros impuestos.
Pareciera ser que el cálculo de algunos gobiernos está basada en la siguiente fórmula: Mala y costosa Educación = ciudadanos + incultos / ciudadanos + incultos = mayor posibilidades de lucrar en exceso. Sería mejor analizar la forma de invertir recursos para mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, pagar de mejormanera a los docentes y aumentar las subvenciones para las escuelas, en especial aquellas que se han especializado en educar a niños con discapacidad.
Debatir para bajar la inversión en armamentos y así construir salas y baños decentes en los establecimientos. Eliminar viáticos y sobresueldos para construir rampas para sillas de ruedas; suprimir las coimas y negocios familiares, para otorgar elementos ortopédicos y de rehabilitación. Hacer de este un país transparente y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad. Porque Chile sigue siendo una rareza internacional al no respetar sus derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Los padres de los niños y jóvenes con capacidades especiales son en la actualidad, los más entusiastas partidarios de una adecuada integración escolar de sus hijos, cada día dan testimonios humanos de ese anhelo. Pero el actual sistema de enseñanza vigente no reúne las condiciones técnicas ni profesionales que asegure un trato educacional adecuado para sus niños.
Un niño “inquieto” en las actuales condiciones de las escuelas, representa “un niño problema”. Pueden imaginar entonces la situación que puede vivir un niño con cáncer o con parálisis cerebral, intentando entrar a un baño con el piso quebrado, sin agua, ni luz eléctrica, o a un niño en silla de ruedas tratando de avanzar en medio de charcos y pozas de barro en el invierno. Mientras las escuelas tengan estas paupérrimas condiciones no existirá una adecuada integración.
La actual normativa adolece de preparación y empuja a los niños discapacitados a un fracaso de vida que no merecen. El cierre de las escuelas especiales, la exclusión, discriminación y malos tratos que sufren, es un acto en contra de los derechos de los niños, sus padres, familiares y amigos. Es tiempo de que en Chile los valores y prioridades se inviertan y que no esté el mercado por sobre los Derechos Humanos.
La esperanza en el tema de la discapacidad, en especial en la Salud y Educación, está en la nueva visión y exigencias de jóvenes, estudiantes y adultos concientes de Chile y América Latina. Es tiempo de cambiar el modelo y constitución de mercado, por un modelo más humano e integrativo.
*Alejandro Hernández, Presidente y Director Ejecutivo – Fundación Nacional de Discapacitados. Consultor en Discapacidad. director@fnd.cl